ANTECEDENTES

Izquierda Democrática en su Programa de Gobierno 2017 planteó la necesidad de realizar una Consulta Popular para reformar la Constitución en algunos aspectos. En la reunión convocada por el Presidente de la República en el marco del diálogo nacional ID fue la primera organización política en plantear la realización de una consulta popular a pocos días de iniciado el periodo gubernamental.

Con fecha 18 de septiembre el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, hace un llamado público a la sociedad civil para que presenten propuestas de preguntas para llevar a cabo una consulta popular, anunciando que la intencionalidad de dicha consulta sería trabajar sobre cuatro ejes: Mejorar el sistema político para tener más democracia; profundizar la participación ciudadana; lograr absoluta transparencia en la elección de autoridades de control, y fortalecer el equilibro en las funciones del Estado.

Izquierda Democrática presenta sus propuestas de preguntas para la consulta popular, mismas que recogían temas como, Consejo de Participación Ciudadana, Reelección Indefinida, Yasuní, Lucha contra la corrupción, Seguridad Social, entre otros. La presidencia acogió 5 temas de las propuestas de ID en sus preguntas.

Con fecha 2 de octubre, luego de recibidas las propuestas de diversas organizaciones sociales y políticas, el ejecutivo anuncia 7 preguntas que son remitidas a la Corte Constitucional para su respectiva calificación previo al llamamiento a consulta, conforme dispone la Constitución del Ecuador, misma que es admitida a trámite el 4 de octubre. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte tenía 20 días para responder el pedido del Presidente de la República a las preguntas.

El 29 de noviembre de 2017, mediante decretos ejecutivos 229 y 230, el Presidente convoca a Consulta Popular, toda vez que la Corte Constitucional se ha excedido en el plazo para la calificación de las preguntas, mismo que fenecía el 1 de noviembre.

El pleno del CNE aprueba la consulta establece el calendario electoral, en el que los ecuatorianos acudirán a las urnas el día 4 de febrero del 2018. Los resultados electorales se conocerán el 14 de febrero de ese año.

Diferencia entre Referéndum y Consulta Popular

El proceso electoral incorpora dos procesos en uno solo: 5 preguntas de referéndum y 2 preguntas de consulta popular.

La consulta popular es un término genérico que se utiliza para definir los procesos electorales mediante los cuales se pregunta a la ciudadanía sobre alguna temática. Amparado en la Constitución en el artículo 104, el Presidente tiene la potestad de llamar a consulta popular sobre cualquier tema que estime conveniente.

Referéndum

Cuando en una consulta popular se establecen textos normativos expresos que se someten a la ciudadanía para su aprobación con la intención de hacer reformas constitucionales y legales, se le conoce como Referéndum. Es decir, todos los referéndums son consultas populares, pero no todas las consultas populares son referéndums.

La Carta Magna Ecuatoriana establece en su artículo 441 que:

Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:

  1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral […]

PREGUNTAS DE REFERENDUM

PREGUNTA 1: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes, según o dispuesto en el anexo 1?

Análisis

  • La corrupción corroe el tejido social. Socava la confianza de las personas en el sistema político, en sus instituciones y su liderazgo.
  • La Constitución establece que es deber del Estado Garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, además es un deber de la ciudadanía el combatir la corrupción en sus diversas formas.
  • Según un estudio de Global Financial Integrity (GFI), en Latinoamérica se pierden cada año 148mil millones de dólares, dinero que alcanzaría para darle 4.5 veces la vuelta a la tierra en carreteras, construir 35.500 escuelas del milenio o 1.900 hospitales de 50.000 m2 equipados completamente o 3.5 millones de casas de interés social.
  • Según el ranking de transparencia internacional 2016 el Ecuador está entre los 60 países más corruptos del planeta. El índice de percepción de corrupción de la sociedad es de 31 puntos sobre 100.

Aspectos relevantes de la pregunta:

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán:

  • Impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular,
  • Desempeñar empleos o cargos públicos,
  • Contratar con el Estado y,
  • Perderán sus derechos de participación establecidos en la Constitución.
  • La incautación de los bienes para que el Estado recupere lo que ha perdido por corrupción

La sanción que iría entre 10 y 25 años, aplicada de manera conjunta a las penas privativas de libertad.

Se incorpora a las personas jurídicas dentro de los tipos penales de Cohecho, Tráfico de Influencias y Testaferrismo, sancionándolas con multas que van de los 500 a 1000 salarios básicos unificados (US$187.500 a US$375.000), su liquidación y cierre de actividades.

Conclusiones

  • Izquierda Democrática presentó en su programa de gobierno y en su programa legislativo este tipo de sanciones para actos de corrupción, mismas que están recogidas en el proyecto de ley denominado “Gobierno de Honestos” que ha sido presentado a la Asamblea Nacional.
  • La corrupción cobra vidas.
  • La ID es el partido de la transparencia, tenemos como referencia histórica al gobierno más honesto del Ecuador, que luchó contra la corrupción y no contrató jamás con Odebrecht.
  • Si se utilizara el dinero robado por gente inescrupulosa se pudo haber hecho mucho en materia de salud, educación y generación de empleo.
  • Debemos reivindicar la ética en la política.

Pregunta 2: ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2?

Análisis

  • El mecanismo de reelección indefinida establecida en los artículos 114 y 144 de la Constitución de la República entró en vigencia por un mecanismo institucional de enmienda, a través de la Asamblea Nacional pero que no fue consultado directamente al pueblo.
  • Cuando el ejercicio de gobierno se mantiene por mucho tiempo tiende al autoritarismo, al abuso del poder, al clientelismo, al caudillismo, al nepotismo, a la corrupción, y a la vulneración a los derechos de las minorías.
  • La Constitución de Montecristi, aprobada vía referéndum por la gran mayoría de ciudadanos del país, estableció que la participación a través de procesos electorales y la subsiguiente elección podía darse por una vez, optando así por la alternabilidad como mecanismo de garantía institucional y democrática.
  • En Cuba (Fidel 50 años en el poder), Venezuela (Chávez 14 años en el poder) y Nicaragua (Ortega en total 15 años en el poder) está vigente la reelección indefinida, aunque en países africanos, como Guinea Ecuatorial, ha permitido la presencia en el poder del mismo presidente durante más de 40 años.
  • La limitación en periodos gubernamentales es el más común de los mecanismos electorales en los países con sistemas presidencialistas.

Aspectos relevantes de la pregunta

  • La pregunta plantea volver al texto constitucional aprobado en 2008 por la vía de referéndum, desconociendo lo actuado por la Asamblea Nacional en 2015; es decir, eliminar la reelección indefinida y limitarla a un solo periodo consecutivo o no, para todas las autoridades de elección popular.
  • El texto en sus anexos establece que la vigencia sea para todas las autoridades electas desde la entrada en vigor de la Constitución de 2008.

Conclusiones

  • La ID en su programa de gobierno recoge la preocupación y plantea eliminar la reelección indefinida y estimular a la formación de un nuevo liderazgo político en todos los niveles de gobierno, que sea garantía de la democracia.
  • La reelección sin limitaciones fomenta el autoritarismo, la conformación de grupos y trincas de poder, la corrupción y el atropello a las minorías.
  • La alternabilidad fomenta la posibilidad de que más ciudadanos, en igualdad de condiciones, pudieran acceder a un cargo de representación popular.
  • Las organizaciones políticas deberemos formar nuevos líderes y cuadros.
  • La pregunta es una ampliación de derechos, pues es mayor el derecho de todos a representar en un cargo de elección popular a la ciudadanía, que el de una autoridad que ya cumplió con un periodo a permanecer en el poder indefinidamente.
  • Genera mayor confianza en el país, un clima de mayor seguridad, mayor estabilidad, que a su vez se traduce en mayor inversión y mayor empleo.

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?

Análisis

Análisis

  • La Constitución de 2008 creó la Función Electoral y la Función de Transparencia y Control Social; esta última, tenía por objeto principal el control ciudadano sobre el servicio público, fomentar la participación ciudadana, y; prevenir y combatir toda forma de corrupción.
  • El Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los órganos de mayor relevancia dentro de la Función de Transparencia y Control Social, tiene como una de sus principales tareas la designación de varias de las más altas autoridades del Estado y el rol de investigar actos de corrupción en el ejercicio público y proteger a quienes lo denuncien.
  • El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha limitado a cumplir un rol formalista limitándose a llevar a cabo concursos de selección cuestionados y designando a autoridades obsecuentes al poder y pertenecientes al partido de gobierno; además que no ha cumplido con su rol constitucional en relación a la lucha contra la corrupción.

Aspectos relevantes de la pregunta

  • La pregunta plantea la conformación de un nuevo Consejo de Participación elegido mediante elección popular en el proceso electoral de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
  • Establece la conformación de un Consejo Transitorio que evalúe a las autoridades que fueron seleccionadas por el anterior Consejo de Participación y, de ser el caso, termine anticipadamente sus periodos.
  • La elección deberá hacerse con ciudadanos de trayectoria en participación ciudadana, de la sociedad civil. No podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años.
  • Los partidos políticos no pueden presentar candidatos a este Consejo.

Conclusiones

  • Izquierda Democrática planteó en su programa de gobierno el impulsar y fortalecer las estructuras autónomas de participación ciudadana y popular.
  • Uno de los temas de mayor preocupación que planteamos en el pedido de consulta al Presidente de la República era el relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
  • Existe una indignación nacional respecto del rol que ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual, ni ha fomentado la participación ni ha controlado nada,
  • El Consejo ha sido el mecanismo por el cual se ha instaurado en el país hiperpresidencialismo que devino en impunidad y corrupción generalizada.
  • La consulta popular es un voto de confianza al Presidente de la República, pero no es un cheque en blanco. Nos mantendremos vigilantes para que el Consejo de Transición cumpla con su labor y garantice que la sociedad civil encuentre representación verdadera en esta Función del Estado.
  • Se requiere de un cuerpo colegiado que se mantenga independiente, legítimo y que responda a los intereses de la sociedad, no del partido de gobierno de turno.
  • Esto garantiza seguridad jurídica y confianza en el país que a su vez permitirá que el sector productivo y la ciudadanía reactive la economía nacional.

Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Análisis

  • La Constitución de la República reconoce y garantiza los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, entre los cuales se encuentran las niñas, niños y adolescentes; y, que el Estado prestará especial protección a niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la atención que deben tener quienes han sido víctimas de violencia doméstica o sexual.
  • El principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes es eje de la normativa nacional y se funda en la dignidad misma del ser humano, en sus características propias y en la necesidad de propiciar el desarrollo de este grupo en la sociedad.
  • El artículo 45 de la Norma Suprema, garantiza a las niñas, niños y adolescentes el goce de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad; así como también, su derecho a la integridad física y psíquica, a la salud integral, al respeto de su libertad y dignidad, entre otros.

Aspectos relevantes de la pregunta

El texto de la pregunta plantea la imprescriptibilidad de los delitos y penas relacionadas a delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; esto implica que, no pierda vigencia ni perezca por el transcurso del tiempo la posibilidad de denunciar este tipo de actos, al igual que otros delitos que reconoce la constitución como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas.

Conclusiones

  • En el país 1 de cada 10 niñas entre 5 a 6 años de edad han sufrido violencia sexual.
  • El 83% de niñas y mujeres adolescentes violentadas sexualmente han tenido como agresores a sus propios familiares.
  • En los últimos diez años, el embarazo en niñas entre 10 y 14 años se incrementó en un 74,8%, situación que está estrechamente ligada a la violencia sexual
  • Los actos abominables de abuso sexual en el sistema educativo avergüenzan a la nación y requieren de acción inmediata.
  • Debemos proteger al uno de los grupos más sensibles de la sociedad y sancionar con firmeza a quienes atentan de la manera más infame contra su integridad.

Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Análisis

  • El artículo 407 de la Constitución, establece la prohibición de actividades extractivas de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles, incluida la explotación forestal, y, señala que de manera excepcional se podrán extraer recursos previa petición fundamentada del Presidente de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, pudiendo esta última, de estimarlo pertinente, convocar a consulta popular.
  • Los conflictos sociales relacionado con la explotación minera, en especial, en la región amazónica, fueron constantes durante el Gobierno anterior. Indígenas de las comunidades shuar del sur de la Amazonía rechazaron la presencia de mineras chinas en las cercanías de sus comunidades, mientras que se denunció que la minería a cielo abierto es una causa de contaminación de ríos, de la destrucción de bosques y, en general, del ambiente cercano. Recientemente, el pueblo minero de Zaruma, en la provincia de El Oro, sufre las consecuencias de cientos de túneles excavados bajo el casco mismo del poblado, caso al que hizo referencia el presidente en su alocución.

Aspectos relevantes de la pregunta

  • El texto reformaría la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente prohibiendo expresamente todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles.
  • Además hace referencia a la prohibición de las actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

Conclusiones

  • La protección de los centro urbanos, sus fuentes de agua, garantizar la vida, bienestar y seguridad de su población es nuestra principal preocupación.
  • El programa de Gobierno de la ID planteó suspender la minería en fuentes de agua: páramos, lagos, ríos, humedales y en general que pongan en peligro a la población y al medio ambiente.
  • Debemos precautelar el patrimonio natural nacional, en especial en áreas protegidas, bosques, páramos y humedales que son las fuentes de agua para todos.

PREGUNTAS DE CONSULTA POPULAR

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?

Análisis

  • La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, conocida como Ley de plusvalía, que llegó con carácter de económico urgente, se aprobó en la Asamblea Nacional, el martes 27 de diciembre del 2016. El proyecto generó fuertes críticas del sector de la construcción, que argumentó que la iniciativa frenara a una actividad ya afectada por la recesión.
  • El proyecto establece un impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75%. Este tributo se aplica a la ganancia extra que generen las ventas de inmuebles y terrenos.
  • Por otra parte, la iniciativa legal, incluyó un beneficio para las compañías del sector minero a fin de darles más plazo para pagar el impuesto a las ganancias extraordinarias establecido para esta actividad. Este tributo consiste en el pago del 70% de la diferencia entre el precio base de los metales (oro, plata o cobre) y el precio de mercado.

Aspectos relevantes de la pregunta

El Presidente Constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía) en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial.

Conclusiones

  • La ley de plusvalía hizo que la demanda de vivienda se reduzca considerablemente, lo cual condujo al sector de la construcción a una contracción fuerte, que a su vez ha tenido impacto en el empleo nacional.
  • El Banco Central del Ecuador en sus Cuentas Nacionales señala que la industria de la construcción de vivienda registró un gran decrecimiento en su actividad en los últimos años.
  • El sector de la construcción es uno de los mayores motores de la actividad productiva y económica nacional.
  • La construcción demanda una grandísima cantidad de mano de obra, calificada y no calificada, genera encadenamientos productivos y permite generar empleo en grandes proporciones.
  • El déficit de vivienda propia en el país es alto por lo que la derogación de esta ley permitiría que el sector de la construcción se reactive, se construyan más viviendas para todos los rangos, incluidos los de interés social, se genere mayor empleo y la economía crezca.

Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Análisis

  • La constitución de 2008 establece el reconocimiento de derechos como el de la naturaleza, derecho de la tierra, soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad, conocimientos ancestrales.
  • La lucha por la defensa del Yasuní movilizó a colectivos ecologistas como Yasunidos, quienes intentaron recoger firmas para una consulta popular que prohibiera la explotación en la zona.
  • El Parque Nacional Yasuní tiene 1’022.736 hectáreas en las provincias de Pastaza y Orellana, es considerado uno de los lugares más megabiodiversos del planeta y fue designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera, razón por la cual la protección de esta zona no es solo una responsabilidad nacional sino global.
  • El Decreto Ejecutivo 74 de agosto de 2013 deroga el proyecto ambiental Yasuní-ITT y Declara de Interés Nacional la explotación del crudo que se halla debajo de la reserva ecológica de los campos petroleros ITT (Ishpingo, Timbococha, Tiputini), imponiendo el límite de 1% para el parque nacional para la explotación.
  • El ITT tiene 42% de las reservas de crudo del país. El campo Tiputini empezó a producir en agosto del 2016 y hoy rinde 50 000 barriles diarios. Se esperaba que Tambococha produzca alrededor de 60.000 barriles diarios.

Aspectos relevantes de la pregunta

  • La Zona Intangible abarca aproximadamente 700.000 Ha de la zona sur del Parque, equivalente al núcleo del Parque Nacional Yasuní y parte del territorio de los Tagaeri – Taromenane, dos grupos de indígenas pertenecientes a los Waorani que viven en la Amazonía ecuatoriana y que son grupos no contactados en aislamiento voluntario.
  • La pregunta plantea reducir del 1% al 0.3% el área en la que se puede hacer explotación petrolera dentro del parque.

Conclusiones

  • En el parque nacional Yasuní hay más variedad de árboles en una hectárea que en toda América del Norte.
  • El Yasuní es uno de los sitios más biodiversos del planeta, además de ser el hogar de pueblos no contactados en aislamiento voluntario.
  • El Programa de gobierno de la Izquierda Democrática propuso suspender la futura concesión para explotación petrolera en la zona Yasuní – ITT.
  • Es importante hacer efectivos los Derechos naturaleza reconocidos en la constitución.
  • La explotación ya se dio y el daño es irreparable, reducir el impacto de la explotación es la única alternativa para mantener lo que tenemos y conseguir los recursos que se requieren para salir del modelo extractivista.